¿Qué medidas de protección se despliegan ante delitos sexuales?

La Ley 10/2022 en España (“Ley del solo sí es sí”) no solo se centra en el castigo a los agresores, sino que también garantiza una protección integral y una asistencia adecuada a las víctimas de delitos sexuales. Esta legislación reconoce la importancia de brindar apoyo a las personas que han sufrido violencia sexual, tanto desde el momento de la denuncia como a lo largo de todo el proceso.

Asistencia desde el momento de la denuncia y creación de centros de crisis

Uno de los aspectos fundamentales de esta ley es la asistencia inmediata a las víctimas desde el momento en que deciden denunciar los delitos sexuales. Para ello, se establece la creación de centros de crisis en cada provincia antes de diciembre de 2023. Estos centros funcionarán las 24 horas del día, los 365 días del año, y contarán con profesionales especializados en atención psicológica, jurídica y social. Su objetivo principal es ofrecer un espacio seguro para las víctimas, donde puedan recibir el apoyo necesario tanto emocional como legal y social, incluso si no han denunciado formalmente.

Acceso a defensa jurídica gratuita, atención psicológica y apoyo social

Otra medida importante contemplada por esta ley es garantizar el acceso a una defensa jurídica gratuita para todas las víctimas de delitos sexuales, independientemente de sus ingresos. Esto permite que las personas afectadas cuenten con el respaldo legal necesario para enfrentar los procesos judiciales y proteger sus derechos.

Además, se pone énfasis en brindar atención psicológica especializada a las víctimas. La violencia sexual puede tener un impacto emocional y psicológico profundo en quienes lo sufren. Es fundamental contar con apoyo profesional para abordar y superar estas secuelas. La ley busca asegurar que las víctimas tengan acceso a terapias y tratamientos psicológicos adecuados para su recuperación.

Asimismo, se promueve el apoyo social a las víctimas de delitos sexuales. Esto implica el fomento de redes de apoyo y la creación de programas que brinden información, orientación y acompañamiento a las personas afectadas. La inclusión de las víctimas en la sociedad y la prevención del estigma son aspectos fundamentales para su proceso de recuperación.

Ayudas económicas y garantías laborales para las víctimas

La ley reconoce que las víctimas de delitos sexuales pueden enfrentar dificultades económicas debido a la violencia sufrida. Por ello, se establecen ayudas económicas en forma de una ayuda equivalente a seis meses de subsidio por desempleo para las víctimas que ganen menos del salario mínimo interprofesional. Esta medida busca brindar un respaldo financiero temporal que les permita cubrir sus necesidades básicas mientras se recuperan tanto emocional como físicamente.

Además, se garantiza el acceso a las rentas activas de inserción, que son prestaciones destinadas a personas desempleadas con especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral. Esto brinda a las víctimas la posibilidad de acceder a recursos económicos adicionales y favorece su estabilidad y autonomía.

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